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El asunto comenzó a finales de 2016, cuando el Congreso de
Morelos aprobó revocar el mandato e iniciar un juicio político contra Blanco
por desacato a una sentencia judicial que le ordenaba pagar 27.2 millones de
pesos a la empresa recolectora de basura Totcher S. A.
Fue así que los ministros Alberto Pérez Dayán y Javier
Láynez otorgaron suspensiones para mantener en el cargo a Blanco y a lo largo de 2017, el gobierno municipal de
Cuernavaca promovió por lo menos cuatro controversias ante la SCJN para evitar
la destitución de su titular.
Este lunes, el ministro a cargo del proyecto, del cual la
corte no da a conocer su nombre, dejó sin efectos la orden del tribunal de Morelos,
con la cual se ordenó la destitución e inhabilitación del exfutbolista.
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