Tijuana, B.C. Para el gobernador Francisco Vega de Lamadrid la seguridad no es un tema prioritario por eso no lo toma en serio y la muestra está en que los indicadores delictivos son más altos que en 2010 y 2008 cuando todos pensábamos que estábamos tocando fondo aseguró el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Juan Manuel Hernández Niebla quien trabaja en una iniciativa que habrán de presentar en los próximos días con la que pretenden hacer que este asunto quede en manos de los ciudadanos.
En entrevista luego de su exposición ante el grupo político Tijuana, Hernández Niebla explicó se trata de una reforma a once leyes incluida la Constitución de Baja California y la creación de tres más para que el ciudadano sea el que asuma el control de los cuerpos de seguridad pública y estos no estén sujetos al vaivén político, la propuesta espera presentarla antes del 15 de noviembre ante la XXII Legislatura.
Explicó que la situación es muy complicada principalmente porque el gobernador no ha mostrado interés y voluntad para encararlo y como muestra está el hecho de que en el sexenio anterior el secretario de seguridad pública tuvo un respaldo irrestricto del entonces mandatario José Guadalupe Osuna Millán para enfrentar la crisis delictiva cosa que ahora no existe, como tampoco hay coordinación entre las instancias de gobierno para enfrentarla.
Explicó que tan solo durante septiembre, se denunciaron en Baja California 8 mil 663 delitos, cifra lejana a la realidad, pues el 90 por ciento de los hechos delictivos no se denuncian, aun así la tasa de incidencia por cada cien mil habitantes la encabeza Mexicali con 281 le siguen Playas de Rosarito con 241 delitos, Tijuana con 226 y cerrando Ensenada y Tecate con 212 y 206, respectivamente.
Sobre la aprobación del C5i por parte de los diputados en el Congreso Local, los llamó irresponsables, porque aprobaron algo que no conocen, porque es un plan que incluye mayormente tecnología, el cual en otras entidades del país no ha dado los resultados que se esperaban.
Al respecto, dijo que dentro del tema de seguridad y con el propósito de incluir cámaras de video para que fueran colocadas en la solapa de las camisas de los policías, “nosotros, los empresarios gastamos cien millones de dólares en ese equipo” pero el cabildo nunca aprobó que fueran utilizados por los oficiales; sin embargo, dijo que “por ahí deben estar esas cámaras de video en algún lugar”, aunque consideró que fue una gasto inútil porque no se han utilizado.
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