Nacional, (Agencias), A tres semanas de la última gran masacre carcelaria en
México, CADHAC, una reputada ONG del norte del país, ha exigido a las
autoridades que investiguen lo ocurrido con seriedad. Entre el 9 y el 10 de
octubre, un motín en la cárcel de Cadereyta, en Nuevo León, acabó con 18 reos
muertos y otros tantos heridos. Al menos eso dice la fiscalía del estado.
Después de entrevistar a cientos de familiares de internos, CADHAC asegura que
fueron bastantes más.
Consuelo Morales, directora de CADHAC, ha explicado a EL
PAÍS que la organización ha recibido informes de al menos 400 familiares de
internos. De los 400, 170 llegaron a la sede de la organización. "Por lo
que hemos escuchado, podemos decir que fueron más de 18 los muertos, aunque no
sabemos cuántos. Las autoridades no están siendo transparentes, por lo que
pedimos una investigación eficiente". Las acusaciones de Morales han
forzado a la fiscalía a emitir un comunicado este 2 de noviembre, día festivo
en México. "Las revisiones realizadas por la Agencia de Administración
Penitenciaria, la Procuraduría General de Justicia y la Comisión Estatal de
Derechos Humanos coinciden en el registro de 18 internos fallecidos", reza
el comunicado. Luego añade que no se han recibido denuncias "por la supuesta
desaparición de más reos".
CADHAC dice que no son sólo los muertos, sino la actuación
policial. "Hemos recibido informes de que hay internos a quienes violaron
con macanas -porras- de policía, a otros los tiraron por las escaleras, incluso
de que hay quemados".
El motín empezó la noche del martes 9 de octubre. Al
parecer, un grupo de reos rechazó el nombramiento del nuevo director. Le
acusaban de ser zeta. Los rebeldes incendiaron partes del penal, tomaron
rehenes y se atrincheraron. Entre los rehenes había custodios. Por la mañana,
colgaron una manta de una de las paredes de la prisión. "No Z ni
noreste", decía, en referencia al cartel de los zetas y a una de sus escisiones.
Cientos de policías llegaron al penal a lo largo de la
mañana. El vocero de seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, explicaba entonces
que exigieron la liberación de los custodios. Que les dieron de plazo hasta las
14.00. Los rebeldes se negaron y los uniformados entraron. Los disparos
llegaron poco más tarde.
Lo que pasó dentro sigue siendo poco menos que un misterio.
Fasci aseguró que los rebeldes estaban golpeando a los custodios y amenazaban
con lanzarlos por la azotea. "Ya no hay marcha atrás en esto. En la medida
que suba el volumen de la violencia, pues, tenemos que subir el rango del orden
y cómo ponerlo", argumentó el vocero.
Pocos días más tarde empezaron las sospechas. El 13 de
octubre, el diario Reforma informaba de que las autoridades habían dado por
muerto a un preso que estaba vivo. Se lo encontró su cuñada. "Te dieron
por muerto. Tu papá ya estaba viendo lo del funeral, le dijo".
Los familiares habían criticado desde el principio la
actuación policial, calificandola de desproporcionada. El vocero se vio
obligado a salir a los medios a defender el proceder de los agentes. El 18 de
octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, exigió que se
investigara el uso de la fuerza empleada por las autoridades.
El motín del 10 de octubre es el segundo en el mismo penal
en menos de un año. En marzo, otra riña dejó cuatro muertos. Aunque el
ombudsman mexicano alerta cada poco tiempo del mal estado general de los
penales, Nuevo León es uno de los casos más dramáticos. El año pasado, en
febrero, 49 internos del penal de Topo Chico murieron en una riña.
Con información de: El País
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