Nacional, (Agencias)En enero del año pasado Laura Carranza Leal, una maestra de educación especial en Jalisco, le envió a su mamá por paquetería un frasco con gotas y una caja de 30 tabletas de Clonazepam, un medicamento que la señora ingiere para la esquizofrenia y que había olvidado semanas atrás en su casa. Desde entonces la profesora de 58 años de edad libra una batalla legal en contra de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), que la acusa de narcotráfico en la modalidad de transporte. “Es totalmente surrealista lo que está pasando, (el sistema penal) es un pantano con unos angranajes perversos, donde no hay manera de salir de él, más que teniendo la paciencia de años para poder aclarar las acusaciones”, dice Javier Reyes, esposo de Laura.
La madre de Laura padece de esquizofrenia y durante 10 meses estuvo temporalmente en Guadalajara recuperándose de una crisis producto de la enfermedad. Una vez que mostró signos de mejoría abandonó la vivienda de Laura y regresó a Brownsville, Texas, a la casa de otra de sus hijas, donde vivía. El 16 de enero de 2016 Laura le envió a su madre un medicamento controlado que había olvidado. Un joven acudió a su casa a recoger el producto que iría con destino a Matamoros, Tamaulipas (frontera con Brownsville, Texas), pero el producto nunca llegó.
"Los agentes de la judicial confiscan el paquete. Luego el agente del ministerio público manda a dos policías a mi casa a buscar a mi esposa y le preguntan si ella había enviado el paquete y obviamente dice que sí porque no había ningún dolo en lo que había hecho. Luego van con el trabajador que había ido a recoger el paquete y mostrándole la foto del IFE (identificación oficial) de ella le preguntan si ella le había entregado el paquete, y él dice que sí", cuenta el marido de Laura.
Desde entonces Laura enfrenta un delito considerado grave por el que podría alcanzar entre siete y 25 años de cárcel. "Esas dos preguntas superficiales los llevan a decidir que Laura es una narcotraficante, y aplica una acusación de una gravedad total que no le permite estar defendiéndose en libertad porque no alcanza ninguna fianza y tendría que estar en prisión esperando a que se deslinde la responsabilidad, sin que le hayan aplicado minimamente el principio de presunción de inocencia", cuenta indignado Javier, profesor de la Universidad de Guadalajara.
Antes de tener que esconderse, Laura acudió a la agencia ministerial para defenderse y presentó el expediente clínico de su madre, copias de las recetas médicas y un diagnóstico del doctor que confirma la enfermedad de su paciente, entre otros documentos. "Pensamos que esas pruebas las iba a tomar en cuenta el agente del ministerio público para plantear la acusación en otros términos,. pero no fue así", destaca Javier. Nunca hubo una investigación que permitiera confirmar que su mamá estaba enferma y que los medicamentos fueron comprados con prescripción médica.
Laura es psicóloga con doctorado en Educación y durante casi 30 años se ha dedicado a trabajar como profesora de niños con problemas de aprendizaje. Desde hace un año que se emitió la orden de aprehensión y tuvo que huir no ha podido continuar con su trabajo y ha tenido que solicitar permisos a la Secretaría de Educación Pública para no asistir a sus clases. "Laboralmente y emocionalmente ha sido una situación muy difícil, está con tratamiento psiquiatrico y ahora destrozada porque su mamá falleció y no pudo ir a despedirse de ella", explica Javier.
No sólo han enfrentado trabas con las autoridades penales, sino también en el proceso de amparo. La defensa expone que el juez de amparo desestimó alrededor de 40 cartas de académicos, funcionarios públicos y activistas de México, España y Colombia en las que se solicitaba que propiciara la revisión del caso considerando el contexto de la situación en la que realizó el envío. También se ha desestimado el perfil personal -no tiene antecedentes penales- y profesional de Laura.
En la página Change.org hay una petición que pide justicia y libertad para la maestra. En el escrito ella explica que por haber olvidado enviar junto al paquete de medicinas la receta médica, el Gobierno federal ahora la acusa de ser una narcotraficante. "Estoy alejada de toda mi familia, de mi casa, de mi trabajo, de mis amistades, de mi vida entera, todo porque el sistema judicial no quiere ver más allá del envío del paquete, sin tomar en cuenta la circunstancia por la que se hizo", expresa en el escrito de la página donde se han recabado más de 32.000 firmas que serán entregadas a la PGR.
Con información de: EL PAÍS
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